Revolución Francesa: historia, consecuencias y desarrollo
La Revolución Francesa fue un proceso social y político que ocurrió en Francia entre 1789 y 1799. Sus principales resultados fueron la caída de Luis XVI, perteneciente a la Casa real de los Borbones, la abolición de la monarquía y la proclamación de la Primera República, marcando el fin del Antiguo Régimen en ese país.
Aunque la Revolución tuvo diversas y complejas causas, algunas de las más influyentes fueron: la incapacidad de las clases gobernantes como la nobleza, el clero y la burguesía para resolver los problemas del Estado, la indecisión de la monarquía, los altos impuestos impuestos sobre el campesinado, la creciente pobreza de los trabajadores, la agitación intelectual promovida por el Siglo de las Luces y el ejemplo de la guerra de Independencia estadounidense. Las teorías actuales tienden a minimizar la importancia de la lucha de clases y destacar los factores políticos, culturales e ideológicos que contribuyeron al origen y desarrollo de este acontecimiento.
Índice de contenidos
Las razones historias de la revolución
Antes de la ascensión de Luis XVI al trono en 1774, el Estado francés ya había enfrentado crisis económicas periódicas debido a las largas guerras durante el reinado de Luis XIV, la mala administración en el reinado de Luis XV, las cuantiosas pérdidas en la Guerra Francesa e India (1754-1763) y el aumento de la deuda generada por los préstamos a las colonias británicas de Norteamérica durante la guerra de la Independencia estadounidense (1775-1783), más de un siglo antes.
Durante el reinado de Luis XVI, los defensores de reformas fiscales, sociales y políticas comenzaron a exigir con insistencia el cumplimiento de sus demandas. En agosto de 1774, el rey nombró a Anne Robert Jacques Turgot como controlador general de Finanzas, un hombre con ideas liberales que implementó una política rigurosa en los gastos del Estado.
Sin embargo, la mayor parte de sus medidas restrictivas fueron abandonadas después de dos años debido a las presiones de los sectores reaccionarios de la nobleza y el clero, respaldados por la reina María Antonieta de Austria, y Turgot se vio obligado a renunciar. Su sucesor, el financiero y político Jacques Necker, tampoco logró implementar cambios significativos antes de dejar su cargo en 1781, debido a la oposición de los grupos reaccionarios. Sin embargo, Necker fue aclamado por el pueblo por hacer público un resumen de las finanzas reales en el que se evidenciaba el alto costo que representaban para el Estado los estamentos privilegiados.
La situación empeoró en los años siguientes a medida que la crisis se agudizaba. El pueblo exigía con vehemencia la convocatoria de los Estados Generales, una asamblea compuesta por representantes del clero, la nobleza y el tercer estado, que no se había reunido desde 1614. Finalmente, en 1788, el rey Luis XVI accedió a celebrar elecciones nacionales. Durante la campaña electoral, la censura fue abolida y numerosos escritos que difundían las ideas de la Ilustración circularon por toda Francia. Necker, quien había sido nuevamente nombrado como interventor general de Finanzas en 1788, estaba de acuerdo con Luis XVI en que el número de representantes del tercer estado (el pueblo) en los Estados Generales fuera igual al de los representantes del primer estado (el clero) y el segundo estado (la nobleza) juntos, pero ninguno de los dos pudo establecer un método de votación.
Aunque los tres estados concordaban en que la estabilidad de la nación demandaba una transformación fundamental, los conflictos de intereses entre los diferentes estamentos impidieron la unidad de acción en los Estados Generales, que se congregaron en Versalles el 5 de mayo de 1789. Las delegaciones que representaban a los estamentos privilegiados de la sociedad francesa se encontraron de inmediato con desacuerdo en la cámara, rechazando los nuevos procedimientos de votación propuestos.
Las propuestas buscaban establecer el voto por individuo en lugar de por estamento, lo que permitiría al tercer estado, que contaba con el mayor número de representantes, tener un mayor control en los Estados Generales. Las discusiones acerca del procedimiento se extendieron por seis semanas, hasta que el grupo liderado por Emmanuel Joseph Sieyès y el conde de Mirabeau se constituyó como la Asamblea Nacional el 17 de junio.
La Asamblea Nacional desafió abiertamente al gobierno monárquico, que había respaldado al clero y la nobleza, al aprobar una medida que otorgaba exclusivamente a la Asamblea el poder de legislar en asuntos fiscales. En represalia, Luis XVI retiró la sala de reuniones de la Asamblea. Sin embargo, la Asamblea respondió con el Juramento del Juego de la Pelota el 20 de junio, comprometiéndose a no disolverse hasta que se redactara una constitución para Francia. En ese momento, las profundas divisiones en los estamentos superiores provocaron una ruptura en sus filas, y muchos representantes del bajo clero y algunos nobles liberales abandonaron sus estamentos para unirse a la Asamblea Nacional.
El inicio de la revolución
El rey se vio compelido a ceder ante la creciente oposición a los decretos reales y la predisposición al levantamiento del propio Ejército real. El 27 de junio, emitió una orden para que la nobleza y el clero se unieran a la autoproclamada Asamblea Nacional Constituyente. Luis XVI sucumbió a las presiones de la reina María Antonieta y del conde de Artois (futuro rey de Francia con el nombre de Carlos X) y dio instrucciones para que varios regimientos extranjeros leales se concentraran en París y Versalles. Al mismo tiempo, Necker fue destituido nuevamente. El pueblo de París respondió con una insurrección ante estos actos de provocación; los disturbios comenzaron el 12 de julio, y las multitudes asaltaron y tomaron La Bastilla, una prisión real que simbolizaba el despotismo de los Borbones, el 14 de julio.
Antes de que la revolución estallara en París, ya se habían registrado en numerosos lugares de Francia disturbios locales y revueltas campesinas esporádicas y violentas contra los nobles opresores, lo cual generó preocupación tanto entre la burguesía como entre los monárquicos. El conde de Artois y otros líderes reaccionarios prominentes, sintiéndose amenazados por estos sucesos, huyeron del país y se convirtieron en el grupo conocido como los “émigrés”. La burguesía parisina, temiendo que la multitud en la ciudad aprovechara el colapso del antiguo sistema de gobierno y recurriera a la acción directa, actuó rápidamente para establecer un gobierno provisional local y organizó una milicia popular, oficialmente llamada Guardia Nacional.
La bandera de los Borbones fue reemplazada por la escarapela tricolor (azul, blanca y roja), símbolo de los revolucionarios que se convirtió en la bandera nacional. No pasó mucho tiempo para que se establecieran gobiernos provisionales locales y unidades de milicia en toda Francia. El marqués de La Fayette, héroe de la guerra de Independencia estadounidense, asumió el mando de la Guardia Nacional. Luis XVI, incapaz de contener la marea revolucionaria, ordenó a las tropas leales retirarse y solicitó nuevamente los servicios de Necker, legalizando oficialmente las medidas adoptadas por la Asamblea y los diversos gobiernos provisionales provinciales.
La redacción de una constitución
La actividad de la Asamblea Nacional Constituyente se puso en marcha en medio de los desórdenes y disturbios que se estaban produciendo en las provincias durante el periodo conocido como el ‘Gran Miedo’. En la sesión celebrada durante la noche del 4 de agosto de 1789, el clero y la nobleza se vieron obligados a renunciar a sus privilegios. La Asamblea aprobó una legislación que abolió el régimen feudal y señorial, así como el diezmo, aunque se establecieron compensaciones en ciertos casos. Otras leyes prohibieron la venta de cargos públicos y la exención tributaria para los estamentos privilegiados.
Posteriormente, la Asamblea Nacional Constituyente se dispuso a llevar a cabo su tarea principal: la redacción de una Constitución. En el preámbulo, conocido como Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, los delegados expresaron los ideales de la Revolución, resumidos más tarde en tres principios: ‘Liberté, Égalité, Fraternité’ (‘Libertad, Igualdad, Fraternidad’). Mientras la Asamblea debatía, la población hambrienta de París, enfurecida por los rumores de conspiraciones monárquicas, exigía alimentos y soluciones.
El 5 y 6 de octubre, la población de París, en especial las mujeres, marcharon hacia Versalles y asediaron el palacio real. Luis XVI y su familia fueron rescatados por La Fayette, quien los escoltó hasta París a petición del pueblo. Como consecuencia de este suceso, algunos miembros conservadores de la Asamblea Constituyente que acompañaron al rey a París, presentaron su renuncia. En la capital, la presión de los ciudadanos ejercía una creciente influencia en la corte y la Asamblea. El radicalismo ganaba terreno en la cámara, pero el objetivo original de establecer una monarquía constitucional como forma de gobierno aún se mantenía.
El primer borrador de la Constitución fue aprobado por el monarca francés en una ceremonia suntuosa, a la cual asistieron delegados de todas partes del país, el 14 de julio de 1790. Este documento eliminaba la división provincial de Francia y establecía un sistema administrativo basado en departamentos, que tendrían organismos locales elegibles. Se prohibieron los títulos hereditarios, se introdujeron juicios con jurado en casos penales y se propuso una modificación fundamental de la legislación francesa. En cuanto a los requisitos de propiedad para el sufragio, la Constitución establecía que solo la clase alta y media tendrían derecho a votar.
El nuevo estatuto otorgaba el poder legislativo a la Asamblea Nacional, compuesta por 745 miembros elegidos a través de un sistema de votación indirecta. Aunque el rey aún ostentaba el poder ejecutivo, se le impusieron severas limitaciones. Su poder de veto tenía un carácter suspensivo y era la Asamblea quien tenía el control efectivo de la política exterior. Se establecieron significativas restricciones al poder de la Iglesia católica mediante una serie de artículos conocidos como la Constitución civil del Clero, siendo el más destacado la confiscación de los bienes eclesiásticos. Para abordar la crisis financiera, se permitió al Estado emitir una nueva forma de papel moneda llamada “asignados”, respaldados por las tierras confiscadas. Además, la Constitución establecía que los sacerdotes y obispos fueran elegidos por los votantes, recibieran una remuneración del Estado, prestaran un juramento de lealtad al Estado y se disolvieran las órdenes monásticas.
Durante el lapso de quince meses entre la aprobación del primer borrador constitucional por parte de Luis XVI y la redacción del documento definitivo, las dinámicas entre las fuerzas de la revolucionaria Francia sufrieron cambios significativos. Estos cambios fueron impulsados principalmente por el resentimiento y el descontento de un grupo de ciudadanos que había sido excluido del derecho al voto.
Las clases menos privilegiadas, que carecían de propiedades, ansiaban el derecho al voto y liberarse de la difícil situación económica y social en la que se encontraban, lo que los llevó a adoptar posturas radicales. Este proceso se difundió rápidamente por toda Francia a través de los clubes de los jacobinos y los cordeliers, y cobró mayor impulso cuando se supo que María Antonieta mantenía comunicación constante con su hermano, Leopoldo II, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico.
Al igual que otros monarcas europeos, Leopoldo había brindado refugio a numerosos emigrados y no ocultaba su oposición a los sucesos revolucionarios en Francia. El temor y desconfianza del pueblo hacia las actividades de la reina y la complicidad de Luis XVI se confirmaron cuando la familia real fue arrestada en un intento de fuga en un carruaje con destino a Varennes el 21 de junio.
Radicalización de gobierno
El 17 de julio de 1791, los sans-culottes, quienes eran partidarios de una revolución radical y la proclamación de la república, se congregaron en el Campo de Marte exigiendo la deposición del monarca. La Guardia Nacional, siguiendo las órdenes de La Fayette, que tenía conexiones políticas con los feuillants, un grupo de monárquicos moderados, abrió fuego contra los manifestantes y los dispersó. Estos acontecimientos agravaron de manera irreversible las discrepancias entre la burguesía y el sector republicano de la población. Aunque el rey fue despojado de sus poderes por un breve período, la mayoría moderada de la Asamblea Constituyente, temiendo la escalada de disturbios, restituyó a Luis XVI en un intento de frenar el ascenso del radicalismo y prevenir una intervención extranjera. El 14 de septiembre, el rey prestó juramento de respetar la Constitución modificada.
Dos semanas más tarde, la Asamblea Constituyente fue disuelta para dar paso a las elecciones convocadas por la Constitución. Durante este tiempo, Leopoldo II y Federico Guillermo II, rey de Prusia, emitieron una declaración conjunta el 27 de agosto sobre la situación en Francia, en la que veladamente amenazaban con intervenir militarmente. La Asamblea Legislativa, que comenzó sus sesiones el 1 de octubre de 1791, estaba compuesta por 750 miembros sin experiencia previa en la política, ya que los propios integrantes de la Asamblea Constituyente habían votado en contra de su elegibilidad como diputados de la nueva cámara. Esta nueva asamblea se encontraba dividida en facciones divergentes.
La facción más moderada era la de los feuillants, partidarios de una monarquía constitucional tal como se establecía en la Constitución de 1791. En el centro de la cámara se encontraba el grupo mayoritario conocido como el Llano, que carecía de opiniones políticas definidas pero se oponía unánimemente al sector radical que se sentaba en el ala izquierda, compuesto principalmente por los girondinos, que abogaban por transformar la monarquía constitucional en una república federal, un proyecto similar al de los montagnards (grupo que por ocupar la parte superior de la cámara, recibió el apelativo de La Montaña) integrados por los jacobinos y los cordeliers, que defendían la implantación de una república centralizada.
Antes de que estas discrepancias causaran una profunda división en las relaciones entre los girondinos y los montagnards, la facción republicana de la Asamblea logró la aprobación de varios proyectos de ley importantes, incluyendo medidas severas contra los miembros del clero que se negaban a jurar lealtad al nuevo régimen. Sin embargo, Luis XVI utilizó su derecho de veto sobre estos decretos, desencadenando una crisis parlamentaria que llevó a los girondinos al poder. A pesar de la oposición de los prominentes montagnards, el gabinete liderado por Jean Marie Roland de la Platière adoptó una postura beligerante hacia Federico Guillermo II y Francisco II, el nuevo emperador del Sacro Imperio Romano, que había sucedido a su padre, Leopoldo II, el 1 de marzo de 1792.
Ambos monarcas respaldaban abiertamente las actividades de los émigrés y apoyaban la resistencia de la aristocracia de Alsacia a la legislación revolucionaria. La idea de una guerra se propagó rápidamente entre los partidarios de la monarquía, que esperaban la derrota del gobierno revolucionario y la restauración del Antiguo Régimen, así como entre los girondinos, que anhelaban una victoria definitiva sobre las fuerzas reaccionarias tanto internas como externas. El 20 de abril de 1792, la Asamblea Legislativa declaró la guerra al Sacro Imperio Romano.
La lucha por la libertad
Los ejércitos de Austria lograron varias victorias en los Países Bajos austriacos debido a errores cometidos por el alto mando francés, que mayormente estaba compuesto por monárquicos. La posterior invasión de Francia generó importantes disturbios en París. El gabinete de Roland fue destituido el 13 de junio, y la agitación de la población se manifestó en un asalto a las Tullerías, la residencia de la familia real, una semana después. Ante la situación, la Asamblea Legislativa declaró el estado de excepción el 11 de julio, luego de que Cerdeña y Prusia se unieron a la guerra contra Francia.
Se movilizaron fuerzas de reserva para aliviar la difícil situación en el frente, y se hicieron llamamientos a voluntarios de todo el país en la capital. Cuando los refuerzos de Marsella arribaron a París, entonaban un himno patriótico que desde entonces se conoce como La Marsellesa. El descontento popular creció debido a la gestión de los girondinos, quienes habían expresado su apoyo a la monarquía y habían rechazado la acusación de deserción contra La Fayette, lo que aumentó la tensión en la situación.
La agitación social, sumada al impacto del manifiesto del comandante aliado, Charles William de Ferdinand, duque de Brunswick, en el que amenazaba con destruir la capital si la familia real era maltratada, desencadenó una insurrección en París el 10 de agosto. Los insurgentes, liderados por elementos radicales de la ciudad y voluntarios nacionales en camino al frente, asaltaron las Tullerías y perpetraron el asesinato de la Guardia suiza del rey. Luis XVI y su familia buscaron refugio en la cercana sala de reuniones de la Asamblea Legislativa, que rápidamente suspendió las funciones del monarca y lo puso bajo arresto.
Por otro lado, los insurgentes depusieron al consejo de gobierno de París, que fue sustituido por un nuevo consejo ejecutivo provisional conocido como la Comuna de París. Los montagnards, liderados por el abogado Georges Jacques Danton, tomaron el control del nuevo gobierno parisino y rápidamente se hicieron con el dominio de la Asamblea Legislativa. Esta cámara aprobó la celebración de elecciones en un plazo breve con el objetivo de formar una nueva Convención Nacional en la que todos los ciudadanos varones tuvieran derecho a voto.
Entre el 2 y el 7 de septiembre, más de mil personas consideradas monárquicos y presuntos traidores, detenidos en distintos lugares de Francia, fueron sometidos a juicio y ejecutados. Los factores que desencadenaron las llamadas ‘Matanzas de Septiembre’ fueron el temor de la población ante el avance de los ejércitos aliados contra Francia y los rumores de conspiraciones para derrocar al gobierno revolucionario. Por otro lado, un ejército francés, bajo el mando del general Charles François Dumouriez, logró una importante victoria en la batalla de Valmy contra las fuerzas prusianas que avanzaban hacia París el 20 de septiembre.
Un día después de la victoria en Valmy, se llevó a cabo en París la primera reunión de la recién elegida Convención Nacional. La primera medida oficial tomada por esta asamblea fue la abolición de la monarquía y la proclamación de la Primera República. Aunque los principales grupos dentro de la Convención no llegaron a un consenso más allá de estas medidas iniciales, ninguna facción se opuso al decreto presentado por los girondinos y promulgado el 19 de noviembre, el cual comprometía a Francia a apoyar a todos los pueblos oprimidos de Europa.
Las noticias provenientes del frente eran alentadoras, con informes semanales de que las tropas francesas habían pasado a la ofensiva después de la batalla de Valmy, conquistando Maguncia, Frankfurt del Main, Niza, Saboya y los Países Bajos austriacos. Sin embargo, las disputas internas en la Convención se habían intensificado, con el Llano indeciso entre apoyar a los conservadores girondinos o a los radicales montagnards. La primera prueba de fuerza se decidió a favor de estos últimos, quienes propusieron que la Convención juzgara al rey por traición y lograron que su propuesta fuera aprobada por mayoría. El rey fue declarado culpable de la acusación el 15 de enero de 1793 con casi unánime voto a favor en la Cámara, pero no hubo acuerdo al día siguiente sobre la pena a imponer. Finalmente, con 387 votos a favor y 334 en contra, Luis XVI fue condenado a muerte. Fue guillotinado el 21 de enero.
La influencia de los girondinos en la Convención Nacional se vio considerablemente reducida después de la ejecución del rey. Durante el juicio, su falta de unidad había dañado irreparablemente su reputación, que ya estaba debilitada entre la población de París, que mostraba una mayor simpatía hacia las tendencias jacobinas. Además, las derrotas sufridas por los ejércitos franceses después de declarar la guerra a Gran Bretaña y las Provincias Unidas el 1 de febrero de 1793, así como a España el 7 de marzo, y su unión a la Primera Coalición contra Francia, también contribuyeron a la caída de los girondinos.
Las propuestas de los jacobinos para fortalecer el gobierno frente a los desafíos cruciales que enfrentaba Francia en ese momento fueron vehementemente rechazadas por los girondinos. Sin embargo, a principios de marzo, la Convención aprobó la recluta de 300,000 hombres y envió comisionados especiales a varios departamentos para organizarla. Los sectores clericales y monárquicos, que se oponían a la Revolución, incitaron a los campesinos de La Vendée a rebelarse en contra de esta medida.
Pronto la guerra civil se extendió a departamentos vecinos. El ejército de Dumouriez fue derrotado por los austriacos en Neerwinden el 18 de marzo, y él desertó al enemigo. La fuga del líder del ejército, la guerra civil y el avance de las fuerzas enemigas a través de las fronteras de Francia provocaron una crisis en la Convención entre los girondinos y los montagnards. Estos últimos resaltaron la necesidad de tomar medidas enérgicas en defensa de la Revolución.
El reinado del terror
El 6 de abril, la Convención creó el Comité de Salvación Pública, que habría de ser el órgano ejecutivo de la República, y reestructuró el Comité de Seguridad General y el Tribunal Revolucionario. Se enviaron representantes a los departamentos para supervisar el cumplimiento de las leyes, el reclutamiento y la requisa de municiones. La rivalidad existente entre los girondinos y los montagnards se había agudizado durante este periodo. La rebelión parisina, organizada por el periodista radical Jacques René Hébert, obligó a la Convención a ordenar el 2 de junio la detención de veintinueve delegados girondinos y de los ministros de este grupo, Pierre Henri Hélène Marie Lebrun-Tondu y Étienne Clavière.
A partir de ese momento, la facción jacobina radical que asumió el control del gobierno desempeñó un papel decisivo en el posterior desarrollo de la Revolución. La Convención promulgó una nueva Constitución el 24 de junio en la que se ampliaba el carácter democrático de la República. Sin embargo, este estatuto nunca llegó a entrar en vigor.
El 10 de julio, la presidencia del Comité de Salvación Pública fue transferida a los jacobinos, quienes reestructuraron completamente las funciones de este nuevo organismo. Tres días después, el político radical Jean-Paul Marat, prominente líder jacobino, fue asesinado por Charlotte de Corday, una partidaria de los girondinos. La indignación pública por este crimen aumentó considerablemente la influencia de los jacobinos en todo el país. El líder jacobino Maximilien de Robespierre se unió al Comité de Salvación Pública el 27 de julio y rápidamente se convirtió en su figura más destacada. Robespierre, respaldado por Louis Saint-Just, Lazare Carnot, Georges Couthon y otros prominentes jacobinos, implementó medidas policiales extremas para frenar cualquier actividad contrarrevolucionaria. Los poderes del Comité fueron renovados mensualmente por la Convención Nacional desde abril de 1793 hasta julio de 1794, un período que se conoció como el Reinado del Terror.
Desde el punto de vista militar, la República enfrentaba una situación extremadamente peligrosa. Las potencias enemigas habían retomado la ofensiva en todos los frentes. Los prusianos habían reconquistado Maguncia, Condé-Sur-L’Escaut y Valenciennes, mientras que los británicos mantenían sitiado Tolón. Los insurgentes monárquicos y católicos controlaban gran parte de La Vendée y Bretaña. Ciudades importantes como Caen, Lyon, Marsella y Burdeos estaban bajo el dominio de los girondinos. En respuesta, el 23 de agosto se emitió un nuevo decreto de reclutamiento obligatorio para todos los hombres en buen estado de salud en toda Francia. En poco tiempo se formaron catorce nuevos ejércitos, con aproximadamente 750.000 hombres, que fueron equipados y enviados al frente rápidamente. Además de estas medidas, el Comité reprimió violentamente cualquier oposición interna.
María Antonieta fue condenada a muerte y ejecutada el 16 de octubre, seguida de la ejecución de 21 prominentes girondinos el 31 del mismo mes. Estos fueron los primeros actos de represalia, y luego miles de personas, incluyendo monárquicos, sacerdotes, girondinos y otros acusados de actividades contrarrevolucionarias o simpatizar con la causa contrarrevolucionaria, fueron llevados a juicio por los tribunales revolucionarios. Muchos fueron declarados culpables y condenados a morir en la guillotina.
En París, un total de 2.639 personas fueron condenadas a muerte, con más de la mitad de ellas (1.515) ejecutadas durante los meses de junio y julio de 1794. Sin embargo, las penas impuestas a los traidores o presuntos insurgentes fueron aún más severas en muchos departamentos periféricos, especialmente en los principales bastiones de la insurrección monárquica. Por ejemplo, en el tribunal de Nantes, presidido por Jean-Baptiste Carrier, conocido por su implacabilidad hacia los cómplices de los rebeldes de La Vendée, se ordenó la ejecución de más de 8.000 personas en un período de tres meses.
Los tribunales y comités revolucionarios llevaron a cabo la ejecución de casi 17.000 ciudadanos en toda Francia, elevando el número total de víctimas durante el Reinado del Terror a 40.000. De aquellos condenados por los tribunales revolucionarios, aproximadamente el 8% eran nobles, el 6% eran miembros del clero, el 14% pertenecía a la clase media y el 70% eran trabajadores o campesinos acusados de evadir el reclutamiento, desertar, acaparar, rebelarse u otros delitos. El clero católico sufrió proporcionalmente las mayores pérdidas entre todos estos grupos sociales, evidenciando el profundo odio anticlerical que prevalecía. Este sentimiento también se manifestó en la abolición del calendario juliano en octubre de 1793, que fue reemplazado por el calendario republicano.
El Comité de Salvación Pública, bajo el liderazgo de Robespierre, buscó reformar Francia con un enfoque fanático en sus propias concepciones de humanitarismo, idealismo social y patriotismo. Impulsados por el deseo de establecer una República de la Virtud, el Comité fomentó la devoción a la república y la victoria, y tomó medidas enérgicas contra la corrupción y el acaparamiento. Además, el 23 de noviembre de 1793, la Comuna de París ordenó el cierre de todas las iglesias en la ciudad, una decisión que luego fue seguida por las autoridades locales en toda Francia, y promovió la religión revolucionaria conocida como el Culto a la Razón. Esta actitud, liderada por el jacobino Pierre Gaspard Chaumette y sus seguidores extremistas, incluyendo a Hébert, exacerbó las diferencias entre los jacobinos centristas liderados por Robespierre y los fervientes seguidores de Hébert, una poderosa fuerza en la Convención y la Comuna de París.
Durante este periodo, la fortuna de la guerra había cambiado a favor de Francia. El general Jean Baptiste Jourdan logró una victoria sobre los austriacos el 16 de octubre de 1793, marcando el comienzo de una serie de importantes triunfos para las fuerzas francesas. A finales de ese año, se había lanzado una ofensiva exitosa contra las fuerzas invasoras en el Este del Rin, y la ciudad de Tolón había sido liberada. Además, el Comité de Salvación Pública había sofocado la mayoría de las insurrecciones promovidas por los monárquicos y girondinos, lo cual tenía una gran importancia.
La lucha por el poder
La disputa entre el Comité de Salvación Pública y el grupo radical liderado por Hébert llegó a su fin con la ejecución de Hébert y sus principales seguidores el 24 de marzo de 1794. Dos semanas después, Robespierre tomó medidas enérgicas contra los partidarios de Danton, quienes habían comenzado a abogar por la paz y el fin del Reinado del Terror. Georges-Jacques Danton y sus principales aliados fueron guillotinados el 6 de abril. Estas represalias masivas contra los seguidores de ambas facciones llevaron a Robespierre a perder el apoyo de muchos miembros importantes del grupo jacobino, especialmente aquellos que temían por sus propias vidas.
Las victorias de los ejércitos franceses, destacando la batalla de Fleurus en Bélgica el 26 de junio, que permitió la reconquista de los Países Bajos austriacos, aumentaron la confianza del pueblo en la eventual victoria final. Esto llevó a la creciente resistencia a las medidas de seguridad impuestas por Robespierre. El descontento general con el líder del Comité de Salvación Pública pronto se convirtió en una verdadera conspiración. Robespierre, Saint-Just, Couthon y 98 de sus seguidores fueron arrestados el 27 de julio de 1794 (9 de termidor del año III según el calendario republicano) y guillotinados al día siguiente. Se considera que el 9 de termidor marcó el fin de la República de la Virtud.
La Convención Nacional estuvo bajo el control del llamado “grupo termidoriano” hasta finales de 1794, cuando derrocaron a Robespierre y pusieron fin al Reinado del Terror. Se cerraron los clubes jacobinos en toda Francia, se abolieron los tribunales revolucionarios y se revocaron varios decretos extremistas, incluyendo el que permitía al Estado fijar los salarios y precios de los productos. Después de que los girondinos retomaran el control de la Convención, el conservadurismo termidoriano se convirtió en un movimiento reaccionario poderoso. En la primavera de 1795, se produjeron disturbios en París, con el pueblo exigiendo alimentos y manifestándose en protesta, lo cual se extendió a otras partes de Francia. Estas rebeliones fueron reprimidas y se tomaron represalias severas contra los jacobinos y sans-culottes que las protagonizaron.
A pesar de los acontecimientos internos, la moral de los ejércitos franceses se mantuvo firme. Durante el invierno de 1794-1795, bajo el mando del general Charles Pichegru, las fuerzas francesas invadieron los Países Bajos austriacos, ocuparon las Provincias Unidas y establecieron la República Bátava, además de vencer a las tropas aliadas del Rin.
Estas sucesivas derrotas llevaron a la disolución de la coalición antifrancesa, con Prusia y otros estados alemanes firmando la paz con el gobierno francés en el Tratado de Basilea el 5 de abril de 1795, y España retirándose de la guerra el 22 de julio. Así, las únicas naciones que continuaron en guerra con Francia fueron Gran Bretaña, Cerdeña y Austria. Sin embargo, durante casi un año no hubo cambios significativos en los frentes de batalla. La siguiente etapa de este conflicto se desencadenaría con las Guerras Napoleónicas.
La paz se restableció en las fronteras y un ejército invasor compuesto por émigrés fue derrotado en Bretaña en julio. La Convención Nacional completó la redacción de una nueva Constitución que fue oficialmente aprobada el 22 de agosto de 1795. Esta nueva legislación establecía un Directorio como poder ejecutivo, conformado por cinco miembros llamados directores. El poder legislativo estaría en manos de una asamblea bicameral, compuesta por el Consejo de Ancianos con 250 miembros y el Consejo de los Quinientos. El mandato de un director y de un tercio de la asamblea se renovaría anualmente a partir de mayo de 1797, y el derecho al sufragio se limitaba a los contribuyentes que pudieran acreditar un año de residencia en su distrito electoral. La nueva Constitución también incluía otras disposiciones que marcaban un distanciamiento de la democracia defendida por los jacobinos.
Este régimen enfrentó desafíos, ya que no logró establecer un equilibrio adecuado entre los poderes ejecutivo y legislativo, lo que resultó en constantes luchas por el poder entre los miembros del gobierno, golpes de Estado sucesivos y una falta de eficacia en la dirección del país. Sin embargo, la Convención Nacional, a pesar de su oposición a los jacobinos, mantuvo su postura anticlerical y antimonárquica, tomando precauciones para evitar la restauración de la monarquía. Se promulgó un decreto especial que establecía que los primeros directores y dos tercios del cuerpo legislativo debían ser elegidos entre los miembros de la Convención.
A pesar de esto, los monárquicos parisinos se levantaron violentamente contra este decreto el 5 de octubre de 1795. Sin embargo, esta insurrección fue rápidamente reprimida por las tropas bajo el mando del general Napoleón Bonaparte, quien luego se convertiría en el emperador Napoleón I Bonaparte de Francia. El régimen de la Convención Nacional finalizó el 26 de octubre y el nuevo gobierno, conformado de acuerdo con la Constitución, asumió funciones el 2 de noviembre.
Desde sus inicios, el Directorio se enfrentó a una serie de obstáculos, a pesar de los esfuerzos de destacados políticos como Charles Maurice de Talleyrand-Périgord y Joseph Fouché. Muchos de estos problemas surgieron debido a las deficiencias estructurales inherentes al sistema gubernamental, mientras que otros se debieron a la confusión económica y política provocada por el ascenso del conservadurismo.
El Directorio heredó una grave crisis financiera, agravada por la fuerte devaluación de los asignados, que perdieron casi el 99% de su valor. Aunque la mayoría de los líderes jacobinos habían fallecido, se encontraban en el extranjero o se ocultaban, su influencia aún se dejaba sentir entre las clases populares.
En los círculos de la alta sociedad, muchos de sus miembros abogaban abiertamente por la restauración monárquica. Las facciones políticas burguesas, decididas a mantener su dominio en Francia, por el cual habían luchado arduamente, pronto vieron las ventajas de canalizar la energía desatada por la Revolución hacia objetivos militares. Había asuntos pendientes por resolver con el Sacro Imperio Romano y el absolutismo, que representaba una amenaza inherente a la Revolución, aún prevalecía en gran parte de Europa.
El ascenso de napoleón al poder
Apenas habían transcurrido cinco meses desde que el Directorio tomó el poder, cuando comenzó la primera etapa (de marzo de 1796 a octubre de 1797) de las Guerras Napoleónicas. Los tres golpes de Estado que tuvieron lugar durante este periodo, el 4 de septiembre de 1797 (18 de fructidor), el 11 de mayo de 1798 (22 de floreal) y el 18 de junio de 1799 (30 de pradial), simplemente reflejaban la reorganización de las facciones políticas burguesas.
Las derrotas militares sufridas por los ejércitos franceses durante el verano de 1799, junto con las dificultades económicas y los desórdenes sociales, amenazaban la supremacía política burguesa en Francia. Los ataques de la izquierda alcanzaron su punto máximo en una conspiración liderada por el reformista agrario radical François Nöel Babeuf, quien abogaba por una distribución justa de tierras e ingresos. Esta insurrección, conocida como la ‘Conspiración de los Iguales’, no se materializó debido a que Babeuf fue traicionado por uno de sus compañeros y ejecutado el 28 de mayo de 1797 (8 de pradial). Luciano Bonaparte, presidente del Consejo de los Quinientos; Fouché, ministro de Policía; Sieyès, miembro del Directorio, y Talleyrand-Périgord consideraban que esta crisis solo podría superarse con medidas drásticas.
El 9 y 10 de noviembre (18 y 19 de brumario) se llevó a cabo un golpe de Estado que derrocó al Directorio. El general Napoleón Bonaparte, entonces considerado un héroe de las recientes campañas militares, fue el protagonista principal de este golpe y de los eventos que le siguieron, culminando en la Constitución del 24 de diciembre de 1799 que estableció el Consulado. Bonaparte obtuvo poderes dictatoriales y aprovechó el entusiasmo y el idealismo revolucionario en Francia para satisfacer sus propios intereses. Aunque esto significó una regresión parcial de las transformaciones del país, se compensó con el hecho de que la Revolución se propagó a casi todos los rincones de Europa durante el período de las conquistas napoleónicas.
Las transformaciones producidas por la revolución
La Revolución tuvo un impacto directo en la abolición de la monarquía absoluta en Francia, así como en la eliminación de los privilegios de la aristocracia y el clero. Se pusieron fin a la servidumbre, los derechos feudales y los diezmos, y se introdujo el principio de distribución equitativa en el pago de impuestos. Gracias a la redistribución de la riqueza y la propiedad de la tierra, Francia se convirtió en el país europeo con mayor proporción de pequeños propietarios independientes. Otras transformaciones sociales y económicas implementadas durante este periodo incluyeron la abolición de la pena de prisión por deudas, la adopción del sistema métrico y el fin del predominio de la primogenitura en la herencia de la propiedad territorial.
Durante el Consulado, Napoleón implementó una serie de reformas que se habían iniciado durante el periodo revolucionario. Creó el Banco de Francia, que aún hoy en día cumple una función similar como banco nacional casi independiente y representante del Estado francés en política monetaria, empréstitos y depósitos de fondos públicos. También se estableció el sistema educativo, secular y altamente centralizado, que todavía está vigente en Francia, y que se inició durante el Reinado del Terror y se completó bajo el gobierno de Napoleón. Durante este periodo se crearon la Universidad de Francia y el Institut de France.
Además, se garantizó que todos los ciudadanos, sin importar su origen o fortuna, pudieran acceder a puestos en la enseñanza a través de exámenes de concurso. La reforma y codificación de las diferentes legislaciones provinciales y locales, plasmada en el Código Napoleónico, reflejaba muchos de los principios y cambios propugnados por la Revolución, como la igualdad ante la ley, el derecho de habeas corpus y disposiciones para la celebración de juicios justos. El procedimiento judicial establecido incluía la existencia de un tribunal de jueces y un jurado en los casos penales, se respetaba la presunción de inocencia del acusado y se le proporcionaba asistencia legal.
La Revolución tuvo un rol significativo en el ámbito religioso. Aunque los principios de libertad de culto y libertad de expresión establecidos en la Declaración de Derechos del hombre y del ciudadano no se aplicaron en todo momento durante el periodo revolucionario, llevaron a la concesión de la libertad de conciencia y derechos civiles para los protestantes y judíos. Además, la Revolución marcó el comienzo del proceso de separación entre la Iglesia y el Estado.
Los principios de la Revolución, que se convirtieron en parte integral de las reformas liberales en Francia y Europa en el siglo XIX, también sirvieron como motor ideológico para las naciones latinoamericanas que lograron su independencia en la misma época, y continúan siendo fundamentales en la democracia actual. Sin embargo, algunos historiadores revisionistas señalan resultados menos positivos de la Revolución, como la aparición de un Estado centralizado, a veces totalitario, y los conflictos violentos que se desencadenaron.
