El impacto de las órdenes ejecutivas de Trump en la economía digital de América Latina
En enero de 2025, el presidente Donald Trump firmó la orden ejecutiva EO 14178, conocida como “Fortaleciendo el Liderazgo Americano en Tecnología Financiera Digital”, marcando un giro profundo en la política estadounidense hacia los activos digitales. Esta medida revocó disposiciones anteriores del gobierno Biden y prohibió activamente el desarrollo de una moneda digital de banco central (CBDC), mientras se impulsaba el crecimiento de criptomonedas, stablecoins y blockchain. La estrategia definió a Estados Unidos como un actor clave —o incluso centro— de innovación en finanzas digitales, con un enfoque claro en liderazgo global en esta materia .
América Latina, con un alto nivel de informalidad económica, baja bancarización y dependencia de remesas, se convirtió en un terreno fértil para las tecnologías de Web 3.0. La región enfrenta el reto de reducir costos de envío, aumentar acceso financiero y mejorar transparencia institucional. Frente a la señal estadounidense, los gobiernos y empresas locales han acelerado la adopción de soluciones cripto, blockchain y tokenización, buscando modernizar sus sistemas económicos.
Sin embargo, junto a la oportunidad, surge un contexto de riesgos: facilitación de lavado de dinero, fraude y amenazas a la privacidad. Por tanto, el desafío para América Latina no solo es adoptar nuevas tecnologías, sino diseñar marcos regulatorios, fortalecer la infraestructura digital y formar talento especializado. Solo así podrán aprovechar el impulso tras la EO sin quedar expuestos a efectos adversos.
Índice de contenidos
Marco normativo y regulatorio: ¿qué cambió con EO 14178?
La EO 14178 borró las políticas previas que buscaban regular o explorar las CBDC —como la orden de Biden EO 14067 y el “Framework” del Tesoro de julio de 2022— en menos de un año. El nuevo mandato obliga a agencias federales (Tesoro, SEC, CFTC, Justicia, Comercio) a producir en 180 días un marco regulatorio integral para activos digitales, incluyendo stablecoins, minería y custodia.
Esta aceleración regulatoria —30 días para inventario, 60 para recomendaciones y 180 para el informe final— representa mayor certeza para empresas cripto, a diferencia del enfoque difuso y por enforcement del pasado . Se busca una regulación “technology‑neutral” y clara, promoviendo participación abierta en blockchains y derechos de autodecustodia sin censura .
Para América Latina, esto constituye un referente normativo: adoptar políticas comparables —como regulación de stablecoins o marco claro de custodia— facilita atracción de inversión, adopción institucional y creación de empresas fintech. Sin embargo, imponer regulación sin capacidad técnica puede desincentivar iniciativas locales. Debe integrarse con capacitación, gobernanza y supervisión, evitando repetir errores de regulación extrema o exceso de permisividad.
Criptomonedas y stablecoins: impulso y desafíos regionales
Con la EO, Trump promueve stablecoins vinculados al dólar, aunque rechaza CBDC. En América Latina el uso de criptomonedas para remesas y pagos ha aumentado exponencialmente: según datos recientes, los envíos en criptomonedas crecieron 100 % en 2025, impulsados por stablecoins como USDT frente a la devaluación.
Este auge responde a múltiples factores: costos de remesas tradicionales de 3 % o más, tiempos de espera altos y acceso limitado a canales bancarios. En cambio, stablecoins ofrecen transacciones más rápidas y baratas, mejorando eficiencia y acceso financiero .
No obstante, permanece el “last mile problem”: convertir stablecoins a moneda local sigue siendo complejo en zonas rurales con poca infraestructura, como ha demostrado El Salvador. Además, existen riesgos de liquidez y colateralización inadecuada. Por ello, países como Brasil o México analizan regulación de stablecoins junto a bancos comerciales, buscando equilibrio entre adopción y protección al usuario.
Blockchain en remesas y tokenización de activos
Blockchain puede revolucionar varios segmentos en América Latina. En remesas, permite trazabilidad y tarifas bajas, sin intermediarios bancarios tradicionales, lo que beneficia a envíos desde EE.UU., España u otros países existentes.
En cuanto a tokenización de activos reales —tierras, energía, agricultura— los países del Cono Sur ya exploran proyectos piloto. Estos permiten a pequeños productores acceder a capital global mediante tokens, sin acudir a préstamos bancarios oneroso. La transparencia y trazabilidad en contratos inteligentes reduce riesgo de fraude y facilita acceso de inversionistas externos.
Además, blockchain ofrece soluciones para subcontrataciones públicas: control del gasto en subsidios, trazabilidad de insumos médicos o cadena de suministro alimentaria. Esto fortalece la confianza en instituciones, reduce corrupción y genera mayor participación ciudadana a través de registros inmutables.
Riesgos y protección: balance entre innovación y seguridad
El impulso a la economía digital no está exento de amenazas. El uso cripto en lavado de activos, financiamiento ilícito y suplantación son realidades palpables. Por lo tanto, América Latina necesita marcos regulatorios robustos que incluyan KYC/AML, prevención de fraudes y cooperación internacional .
La privacidad también es vital. Trump criminaliza el desarrollo de CBDC por el riesgo a la privacidad financiera y estatal, evitando vigilancia excesiva . Pero sin protección, blockchains públicos pueden exponer datos sensibles. La región debe implementar criptografía, mecanismos de anonimato y protección de datos personales adecuados.
Además, la realización del “Digital Asset Stockpile” y la Reserva de Bitcoin en EE.UU. crea incertidumbre geopolítica: acumulaciones masivas pueden generar volatilidad en el mercado global de criptoactivos. Gobiernos latinoamericanos deben monitorear el impacto y diseñar estrategias de diversificación económica para evitar dependencia excesiva del bitcoin o modas especulativas.
Contexto geopolítico y oportunidades de integración regional
La estrategia de EE.UU. posiciona tecnologías digitales como herramienta geopolítica: impulsar stablecoins permite extender la influencia del dólar, mientras que prohibir CBDC busca proteger mercado frente a iniciativas extranjeras . Esta narrativa resuena en América Latina, donde muchos gobiernos buscan reducir dependencia de potencias emergentes como China en tecnología financiera.
Para aprovechar esto, los países latinoamericanos deberían coordinarse regionalmente: desarrollar regulaciones comunes, interoperabilidad de stablecoins y redes blockchain transfronterizas. De este modo pueden aumentar su poder de negociación y atraer inversión extranjera en infraestructuras digitales.
Un ejemplo destacado es la tokenización de infraestructura energética o agrícola a nivel regional, donde inversores globales pueden adquirir tokens respaldados por proyectos reales en distintos países. Esto diversifica mercados y distribuye beneficios.
Igualmente, las plataformas de remesas y stablecoins transfronterizas, si se armonizan entre países, reducen costos y promueven migración segura de fluidez financiera dentro de la región, sin depender de intermediarios externos.
